Junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y sindicatos de prensa de todo el país, participamos en el Senado de la Nación de la presentación del proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional, una iniciativa construida colectivamente por 22 organizaciones gremiales que busca preservar los derechos históricos de la actividad periodística y adecuarlos a las transformaciones tecnológicas, laborales y sociales del presente.
La actividad se realizó en el Salón Arturo Illia del Congreso Nacional, en el marco de una reunión informativa convocada por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. La jornada reunió a representantes de sindicatos y asociaciones de prensa de todo el país, periodistas y legisladores de distintos bloques políticos para dar el puntapié inicial a un debate que será clave para el futuro de la actividad periodística en la Argentina.
Hubo delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Salta, Río Negro, Neuquén, Chaco, San Juan, La Rioja, Esquel, Tandil y Rosario, entre otros distritos, en una demostración del carácter federal que tuvo la elaboración de la propuesta. La convocatoria superó las expectativas: la Sala Arturo Illia resultó insuficiente para albergar a todas las personas acreditadas y fue necesario habilitar espacios adicionales para quienes se acercaron a seguir la presentación.
Desde el Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo) acompañamos este paso fundamental porque entendemos que la defensa del Estatuto es también la defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información y de las condiciones de trabajo de miles de periodistas y trabajadores de prensa en todo el país.
Durante la apertura, la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Moisés, destacó que la iniciativa no busca únicamente recuperar la normativa vigente sino también incorporar nuevos derechos acordes a los desafíos contemporáneos de la profesión. “No es una producción individual, sino de los periodistas de todo el país presentado de manera federal”, afirmó al poner en valor el proceso colectivo que dio origen al proyecto.
La propuesta surge frente a la derogación de la Ley 12.908, vigente desde 1944, incluida en la contrarreforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Aunque se logró extender la vigencia del actual Estatuto hasta el 1 de enero de 2027, las organizaciones gremiales del sector impulsamos una nueva norma que garantice la continuidad de la protección legal de las y los trabajadores de prensa y que incorpore herramientas acordes a las transformaciones que atravesó la actividad en las últimas décadas.
Durante la reunión expusieron la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi; la secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), María Ana Mandakovic; el secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes, Diego Miner; el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez; y los periodistas Gabriela Pepe y Mariano Obarrio, quienes aportaron distintas miradas sobre la situación actual del periodismo, la libertad de expresión y la necesidad de actualizar el marco normativo de la actividad.
Las exposiciones coincidieron en describir un escenario complejo para el ejercicio del periodismo, atravesado por el deterioro salarial, el multiempleo, la precarización laboral, la concentración mediática y los ataques a la libertad de expresión. También se planteó la preocupación por las restricciones al acceso a la información pública, la desaparición de la agencia Télam y el creciente peso de las plataformas digitales y la inteligencia artificial en la producción y circulación de contenidos.
Sobre esa realidad se construyó el nuevo proyecto de Estatuto, que mantiene el espíritu protector de la norma sancionada en 1944 y reafirma un principio central: la actividad periodística constituye un pilar fundamental de la democracia porque garantiza la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.
Entre los aspectos centrales de la propuesta se encuentra el fortalecimiento de la estabilidad laboral como garantía para el ejercicio de un periodismo libre e independiente. El proyecto establece que, frente a un despido sin causa, la persona trabajadora podrá optar por su reincorporación o por una indemnización agravada. Asimismo, incorpora una cláusula de conciencia que permitirá a periodistas considerarse despedidos cuando un medio modifique sustancialmente su orientación editorial de manera incompatible con sus convicciones éticas o profesionales.
La iniciativa también propone la creación de un salario mínimo profesional que no podrá ubicarse por debajo del valor de la canasta básica familiar publicada por el INDEC, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la profesión.
Entre las principales actualizaciones aparecen nuevos derechos vinculados al cuidado. El proyecto incorpora licencias por nacimiento para el progenitor no gestante, licencias para personas gestantes y por adopción, además de días específicos destinados al cuidado de familiares. También establece una licencia especial para trabajadoras que atraviesen situaciones de violencia de género y obliga a las empresas a implementar protocolos para prevenir y abordar situaciones de violencia laboral.
Otro de los avances relevantes es la incorporación de una perspectiva integral sobre la salud psicofísica de las y los trabajadores de prensa. El texto reconoce el desgaste asociado a la actividad periodística y contempla medidas destinadas a prevenirlo, entre ellas el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral, pausas obligatorias para tareas de exposición permanente a pantallas y mecanismos de protección para quienes desarrollan coberturas de alta carga emocional.
La actualización también incorpora regulaciones específicas sobre teletrabajo, garantizando su carácter voluntario, el derecho a la reversibilidad, la desconexión digital y la compensación de gastos.
Uno de los capítulos más novedosos aborda el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. El proyecto establece que estas herramientas deberán funcionar como complemento del trabajo profesional y no podrán sustituir la producción periodística ni reemplazar puestos laborales. Además, exige supervisión humana sobre los contenidos generados con asistencia tecnológica y el reconocimiento explícito de la autoría periodística.
En esa misma línea, la propuesta reconoce que los estilos, voces, imágenes y criterios editoriales desarrollados por periodistas constituyen una forma de propiedad intelectual. Por ello, las empresas deberán informar cuando utilicen esos contenidos para entrenar sistemas automatizados y compensar económicamente a sus autores.
La iniciativa también incorpora garantías específicas para el ejercicio de la actividad en coberturas periodísticas, especialmente durante manifestaciones y protestas sociales. El texto establece el derecho a la asistencia y protección por parte de las autoridades públicas y prohíbe expresamente que periodistas sean hostigados, detenidos, agredidos o impedidos de registrar imágenes y testimonios mientras realizan su trabajo. Asimismo, obliga a los empleadores a proporcionar los elementos de protección necesarios para preservar la integridad física y psicológica de quienes desarrollan tareas en contextos de riesgo.
Otro aspecto relevante es la actualización de las categorías laborales. El proyecto reemplaza el antiguo sistema por áreas profesionales más flexibles, definidas a partir de las funciones efectivamente desarrolladas y no del soporte en que se desempeñan. De esta manera, reconoce las nuevas realidades de una actividad que hoy se desarrolla en medios gráficos, radio, televisión, portales digitales, plataformas de streaming y redes sociales.
Al cierre de la jornada, Gaudensi destacó que el proyecto conserva los aspectos protectores más importantes del Estatuto histórico y los combina con herramientas necesarias para afrontar los desafíos actuales de la profesión. Además, remarcó la importancia de que la nueva norma pueda estar vigente antes de que opere la derogación de la legislación actual.
Tras la presentación, el proyecto quedó abierto a la incorporación de adhesiones por parte de senadoras y senadores antes de su ingreso formal al trámite legislativo. Desde el Sindicato de Prensa Bonaerense seguiremos acompañando este debate y trabajando junto a las organizaciones hermanas de todo el país para impulsar una actualización del Estatuto que preserve los derechos conquistados, fortalezca la libertad de expresión y garantice condiciones dignas para el ejercicio del periodismo en la Argentina.