El sábado 25 de enero realizamos, como todos los años, un encuentro en la Plaza San Martín (La Plata), donde se encuentra ubicado uno de los monumentos a nuestro compañero José Luis Cabezas. A continuación, reproducimos el comunicado que fue leído durante el acto.
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Muches de quienes estamos acá éramos chicos y chicas cuando el crimen sucedió. Si sabemos quién fue este compañero y qué pasó con él, es porque decenas de trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país se han encargado de contarlo durante años. Hoy seguimos en ese compromiso de no cortar ese hilo, que es parte de nuestra historia.
A José Luis Cabezas lo mataron por su labor como trabajador de prensa: investigar y tratar de mostrar lo que los poderosos no quieren que se sepa. Los asesinos fueron una banda ligada al empresario Alfredo Yabrán, conformada por ex represores de la dictadura, delincuentes comunes, custodios privados y policías de la Bonaerense.
Buscaban impedir que la sociedad conozca la oscura trama de relaciones políticas y negociados mafiosos sobre las cuales este empresario exitoso construía su imperio, que abarcaba actividades agropecuarias, correo, depósitos fiscales, rampas aeroportuarias y emprendimientos inmobiliarios, entre otras.
Su asesinato fue entonces un atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad a estar informada.
Después de muchas idas y vueltas, tras la lucha de su familia y numerosos colegas, fueron juzgados y condenados los culpables materiales del crimen, los cuales tuvieron todos los beneficios que les otorgaban las leyes (el 2×1, la posibilidad de estudiar, salidas temporarias, domiciliarias, etc. y la defensa de Fernando Burlando, que alguien habrá pagado). Años después, quedaron todos en libertad.
Por su parte, Yabrán se suicidó cuando lo fueron a detener. Nunca se investigaron las responsabilidades políticas del crimen, ni de la policía Bonaerense.
También cabe mencionar que en aquellos años ‘90, el trabajo de José Luis no escapaba a la precariedad laboral de nuestra profesión, como el hecho de utilizar instrumentos y equipo de trabajo propio, y la disponibilidad full time para cubrir todo lo que pasaba a lo largo de toda la costa en la temporada, sea política, farándula o deporte. José Luis, además, era un todo terreno.
Pero si este asesinato fue el hecho más grave ocurrido en Argentina contra la libertad de expresión en democracia, es inevitable referirnos a la situación que atraviesa la prensa en este contexto.
El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina durante 2024, realizado por la FATPREN, la Federación Internacional de Periodistas y la carrera de Comunicación de la UBA, muestra con datos concretos que tanto el desempeño de les trabajadores y trabajadoras de prensa como el sistema infocomunicacional en general se han visto fuertemente afectados por las políticas públicas implementadas.
Haciendo sólo una enumeración rápida, podemos citar: más de 50 compañeres fueron afectados por golpes, gases o balas de goma mientras realizaban coberturas periodísticas de manifestaciones. Incluso un compañero fotorreportero y documentalista de esta ciudad fue detenido arbitrariamente, con su cámara en mano, en febrero del año pasado en el marco de las protestas contra la Ley Bases.
Los casos de agresiones a periodistas protagonizados por distintos funcionarios y hasta por el propio presidente se multiplicaron, acompañados por patotas digitales y trolls que en redes sociales amplifican la agresión. Incluso hubo casos también de criminalización y judicialización de colegas que sólo cumplen con su trabajo de informar. En sólo un año este tipo de agresiones superaron el medio centenar.
En ese sentido, también se profundizaron los ataques cibernéticos contra periodistas mujeres. En un relevamiento presentado por Periodistas Argentinas afirma que el 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo.
De la misma forma, se acrecentó el debilitamiento de las voces de mujeres y disidencias sexogenéricas en los medios de comunicación. A esto se suma el freno a los mínimos intentos de implementación de Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los medios y la prohibición directa ejercida por el gobierno nacional respecto del uso de las diversas formas de lenguaje no sexista.
A estas situaciones tenemos que sumarle la intervención por decreto del sistema nacional de medios públicos que conforman Radio y Televisión Argentina, la Agencia Télam, Contenidos Públicos y el portal Educ.ar, adoptando políticas que apuntan directamente a su desguace, cierre o intento de privatización.
Además, también fue intervenido el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cerrando todas sus delegaciones en las provincias y clausurando la única política de fomento existente para el sector de medios comunitarios, cooperativos e indígenas: el FOMECA.
De la misma forma también fue intervenida la Defensoría del Público, creada para defender los derechos de las audiencias, en la cual se despidieron más de 100 trabajadores y trabajadoras; y se reformó la Ley de Acceso a la Información Pública, haciéndola más restrictiva
Por último, respecto a la pauta publicitaria, en vez de democratizar su acceso, directamente se la suspendió afectando la sostenibilidad de medios cooperativos, autogestivos y pymes, a pesar de que su otorgamiento continuó siendo sumamente discrecional desde empresas con mayoría accionaria estatal, como el caso de YPF.
Todo lo enumerado aquí, desde las violencias físicas hasta las simbólicas, desde los ataques directos a trabajadores y trabajadoras de prensa hasta las políticas públicas implementadas afectan directamente la libertad de expresión, erosionan el debate público y buscan intimidar a quienes ejercemos el periodismo.
Y no podemos dejar de mencionar, que el empresariado mediático contribuye diariamente a la degradación de las fuentes de trabajo con salarios de miseria, pluriempleo y condiciones laborales totalmente precarizadas. Como siempre decimos: sin derechos laborales, tampoco hay libertad de expresión.
A 28 años del asesinato de José Luis Cabezas, en reivindicación de nuestro oficio y de su memoria, alertamos sobre las consecuencias de este contexto para convivencia democrática, reforzamos nuestro compromiso de lucha y unidad por una sociedad más justa y sostenemos la férrea defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar plenamente informada.
José Luis Cabezas ¡PRESENTE!
#NoseolvidendeCabezas
Adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria
Compartimos también el texto de adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria que fue leído durante el acto.
La Plata, 23 de enero de 2025
Al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, lo recordamos por su trabajo y compromiso con la verdad. El crimen de Cabezas, además de injusto, puso en evidencia la violencia y la impunidad que aún acechaban a las y los trabajadores de prensa en Argentina.
La lucha por justicia en el caso de Cabezas sigue siendo un símbolo de resistencia frente a la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo con responsabilidad. Su nombre no debe ser olvidado y debe seguir siendo un faro de alerta para todas y todos los que, día a día, se esfuerzan por buscar la verdad y exponerla a la sociedad, sin temer a los poderosos.
Quienes integramos la Comisión por la Memoria, continuamos exigiendo justicia por José Luis Cabezas y todos aquellas y aquellos trabajadores de prensa que han sido víctimas de la censura o han sufrido agresiones y persecuciones por su labor.
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, la CPM en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. En ese trabajo pudimos constatar el despliegue desmedido y la violencia policial en las calles para disuadir la protesta social.
Durante 2024, una de cada cuatro movilizaciones, fueron reprimidas. Más de 1200 personas fueron heridas y entre ellas, 98 trabajadores y trabajadoras de prensa sufrieron heridas por realizar su trabajo. Compañeros y compañeras de medios públicos, privados y autogestivos con impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos.
Hoy, más que nunca, debemos reafirmar el compromiso y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales de la democracia. Reiteramos nuestro acompañamiento a quienes se dedican a contar la realidad, en un contexto donde la libertad de prensa sigue siendo un derecho vulnerable.
