Lejos de los discursos que pretenden “no politizar” los hechos, a 27 años de un asesinato que tuvo contornos inseparables de aquel momento político del país, hoy revindicamos la memoria de José Luis Cabezas en un contexto de amenaza al derecho a la información y la libertad de expresión. Entonces sí, vamos a politizar los hechos.
A José Luis Cabezas lo mataron por su labor como trabajador de prensa: investigar y tratar de mostrar lo que los poderosos no quieren que se sepa. Los asesinos fueron una banda ligada al empresario Alfredo Yabrán y conformada por ex represores de la dictadura, delincuentes comunes, custodios privados y policías de la bonaerense. Buscaban impedir que la sociedad conozca la manera en que este empresario exitoso construía su imperio, que abarcaba actividades agropecuarias, correo, depósitos fiscales, rampas aeroportuarias, free shops y emprendimientos inmobiliarios, entre otras.
Su asesinato fue entonces un atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad a estar informada. Se investigaba una oscura trama de relaciones y negociados entre empresarios, políticos y distintas mafias.
Después de idas y vueltas fueron juzgados y condenados los culpables materiales del crimen. Tuvieron todos los beneficios que les otorgaban las leyes (2×1, posibilidad de estudiar, salidas temporarias, domiciliarias, etc. y la defensa de Fernando Burlando, que alguien habrá pagado) y quedaron en libertad. Alfredo Yabrán se suicidó cuando lo fueron a detener. Nunca se investigaron las responsabilidades políticas ni de la policía Bonaerense.
Por otro lado, el trabajo de José Luis no escapaba a la precariedad de nuestra labor: uso de instrumentos y equipo de trabajo propio, y disponibilidad para cubrir todo lo que pasaba a lo largo de toda la costa en la temporada: política, farándula, deporte…
Como decíamos al comienzo, por la memoria de José Luis, hoy nos toca no sólo defender nuestros derechos laborales y salariales, sino también luchar contra las políticas de gobierno que pretenden cercenar desde el Estado el derecho a la información y la libertad de expresión.
El DNU 70/23, la Ley Ómnibus y medidas como el corte de la pauta publicitaria, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, buscan entre otras cosas, aumentar la concentración del entramado mediático, desfinanciar los medios cooperativos y comunitarios y eliminar organismos como la Defensoría del Público, afectando directamente la democracia informativa y la pluralidad de voces. Esto, sin mencionar los derechos sociales y laborales que afectan dichas medidas.
En este contexto, levantamos bien alto la bandera del ejercicio periodístico comprometido, y sostenemos la férrea defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar plenamente informada.
José Luis Cabezas ¡PRESENTE!
#NoseolvidendeCabezas
